El tribunal de alzada determinó la incompetencia territorial del Juzgado de Garantía de la misma ciudad. Esto porque los delitos de fraude al fisco y lavado de activos habrían ocurrido en la capital.
Tras establecer que el fraude comenzó a ejecutarse en Santiago mediante un contrato de arriendo falso en Ñuñoa, la Corte acogió la incompetencia territorial.